PUERTO RICO: IPPF IMPONE EL USO DE FONDOS PÚBLICOS PARA EL ABORTO QUÍMICO
Thursday, April 28th, 2005María Elena González
En 1946 se estableció en Puerto Rico la Asociación de Estudios Poblacionales, que en 1953 cambió su nombre por el de Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de la Familia (PROFAMILIA). Haciendo uso de un donativo de $10,000 de la abortista Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés), de la cual PROFAMILIA es la asociación miembro en Puerto Rico, esta entidad inició un programa de difusión de ideas y prácticas del control de la natalidad, especialmente en arrabales y caseríos públicos, cuyas consecuencias han sido nefastas para Puerto Rico.
PROFAMILIA lleva 59 años promoviendo el que no nazcan niños, que los niños sean “deseados” y que tengamos una buena “calidad de vida”. Para PROFAMILIA, la promiscuidad no importa mientras se use un profiláctico (preservativo) o se use “protección”. No creen en promover la abstinencia entre los adolescentes. Su misión es repartir anticonceptivos y promover el aborto, el cual, lamentablemente, es legal en Puerto Rico, a bajo costo con el financiamiento de los donantes y del gobierno.
El Registro Demográfico de Puerto Rico reportó un total de 59,640 nacimientos vivos para el año 2000 y de éstos, 11,390 (un 19.2%) fueron de madres adolescentes menores de 20 años. Por otro lado, se registra un envejecimiento de la población. La Profesora Rossana López León dio a conocer en la ONU, ante la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, los siguientes datos: “En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el país más grande de las Antillas Menores en el Mar Caribe, el Censo del año 2000 arrojó que un 15.4% de nuestra población eran personas de 60 años o más. Para el año 2010, un 17% de nuestra población será parte de este grupo de edad, mientras que la proporción de la población de menos de 19 años se reducirá al 30.8%, comparado con el 36.4% en el año de 1990. Esa población está integrada mayormente de grupos de edad entre las edades de 60-64 años y 65-69 años, mujeres (55.5%), pobres (56%, ingreso promedio $5,477 por persona, año 1990), en la fuerza laboral (12.2%), con una expectativa de vida de 73 años (mujeres 77 y hombres 68), con problemas de una limitación de cuidado propio y movilidad (27%), solos (7.3%), viviendo en zonal rural (27%) y en la comunidad (98%). Donde la principal fuente de apoyo es el núcleo familiar (98% de los servicios ofrecidos).”
Pero aquí no termina la influencia de PROFAMILIA. Hace unos meses nombraron a Idalia Colón Rondón, ex directora de Profamilia, como jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). Era de esperarse que comenzara la campaña de los anticonceptivos, ya que ello es prioridad para PROFAMILIA. La propuestas en la legislatura para la cobertura de anticonceptivos impactaría en $46 millones a la Reforma de Salud, estimando que el precio por mujer en un mes fuese de $25 para anticonceptivos, lo cual es un precio muy barato, ya que estos pueden llegar a costar hasta $401.
La influencia de PROFAMILIA y la IPPF está detrás de estas medidas. La Procuradora de la Mujer, quien ha ejercido el cargo de Tesorera de PROFAMILIA, es una de las propulsoras de la misma. Se presentaron dos proyectos de ley para que el gobierno y las empresas aseguradoras privadas cubran los anticonceptivos que se utilicen para la prevención de embarazos: el Proyecto del Senado Número 416 y el Proyecto de la Cámara Número 1213.
El total de mujeres de 15 a 49 años cubiertas por la reforma de salud es de 385,300. La inversión mensual aproximada para el uso de anticonceptivos por paciente es de $25. La inversión anual por parte de la Reforma de Salud se estima en $115,590,0001.
Además de los efectos espirituales, sociales y sicológicos que estas medidas representan, se encuentran los efectos secundarios de los anticonceptivos, como problemas de la vesícula, coágulos de sangre, inflamación del intestino grueso, problemas del riñón, tumores del hígado, pancreatitis y depresión, entre otros, que no han sido considerados como parte de los gastos derivados del uso de los anticonceptivos. Tampoco ha sido considerado el efecto anti-implantatorio, es decir, abortivo, de ciertos anticonceptivos, como las píldoras anticonceptivas; los implantes, como el Norplant; los inyectables, como la Depo-Provera; los dispositivos intrauterinos (DIU o IUD, por sus siglas en inglés); y otros más [2]. De hecho, la guerra del aborto químico o mecánico (el caso del DIU) contra el no nacido supera, y por mucho, a la guerra del aborto quirúrgico contra las mismas víctimas inocentes [3].
Información adicional: Vease, el artículo “La dañina influencia de PROFAMILIA en Puerto Rico”.
María Elena González es dirigente de la Asociación Pro Derechos de la Familia (APRODEFA), organización afiliada a VHI en Puerto Rico.
Notas:
- Ver Semanario El Visitante, 24 al 30 de abril del 2005.
- Véase, en el portal de VHI, las secciones:
“Anticoncepción” y “Anticoncepción de Emergencia”. - Véase, en el portal de VHI, : “Estadísticas de abortos causados por los anticonceptivos”.