El lunes 27 de octubre de 2008, cientos de padres, maestros, psicólogos, médicos y estudiantes comparecieron frente al edificio del Departamento de Educación de Puerto Rico para informarle a su Secretario, Rafael Aragunde, que no están dispuestos a que en Puerto Rico se adopte la “ideología de género” como política pública. Los opositores marcharon por espacio de tres horas con el fin de que se deje sin efecto la Carta Circular Número 3-2008-2009 que se implantaría en el sistema de educación público a partir de enero de 2009. La Ley 108, cuyo propósito es prevenir la violencia doméstica, es la base de este documento. Sin embargo, la Carta Circular no menciona la violencia doméstica en las escuelas, sino que sólo pretende imponer como política escolar una filosofía que no ha sido sometida al rigor del debate público. Ella exige que se enseñe a los niños desde los grados primarios hasta la escuela superior que el sexo– ser hombre o mujer– es, realmente, pura preferencia personal o social.

La Carta Circular impone en el sistema educativo público la nefasta ideología de que el género es una construcción social que no está informado o determinado por nuestra biología. Muchos neurosicólogos han presentado evidencia contundente del daño irreparable que le hace a los niños la enseñanza de que los valores y el comportamiento sexual están al margen de su biología. En estos años, los niños se encuentran en la etapa de desarrollo de su identidad. Es inaceptable abusar de su inocencia y receptividad por medio de lecciones que son moralmente cuestionables. Enseñar la perspectiva del género es una receta para el desastre en tanto inculca en los niños valores y conceptos que no son compartidos por sus padres y su entorno familiar y social. Esto sólo acarrea confusión y conflicto en las etapas de mayor vulnerabilidad del ser humano. La escuela debe, entre otras cosas, reforzar unos valores y comportamientos éticos. Falta a su razón de ser si gradualmente socava la fibra moral de quienes serán los forjadores de nuestro Pueblo. Recordemos que el Departamento de Educación, al igual que todo cuerpo gubernamental, se sostiene por los impuestos de los ciudadanos. Deben responder, por lo tanto, a los intereses de éstos, y no a los intereses de unas minorías que pretenden imponer sus valores cuestionables sobre el resto de la comunidad.